Imagina que eres un periodista en Turquía y quieres publicar una investigación sobre corrupción. No recibirás una llamada amenazante. No vendrá nadie a cerrar tu redacción. Simplemente, los anunciantes dejarán de llamar. El regulador audiovisual te impondrá una multa por una emisión de hace seis meses. Un fiscal abrirá una investigación por «difundir propaganda terrorista». Y tú, poco a poco, aprenderás qué temas no conviene tocar.
Eso es la mordaza en la era digital: discreta, multidimensional y extraordinariamente eficaz. Y es exactamente lo que hemos analizado en esta práctica, comparando la situación de la libertad de prensa e internet en cinco países (Marruecos, Turquía, Bangladés, Serbia y Brasil) a través de los índices de Reporteros Sin Fronteras y Freedom House.
Lo primero que llama la atención al comparar los cinco países es la enorme distancia entre ellos: Brasil (puesto 63 de 180) y Serbia (puesto 96) presentan sistemas mediáticos relativamente más abiertos, mientras que Bangladés (puesto 149) y Turquía (puesto 159) se sitúan en el último tramo del ránking, con puntuaciones que reflejan restricciones severas. Marruecos ocupa una posición intermedia pero preocupante: puesto 120, con el periodismo crítico convertido en «actividad de alto riesgo», en palabras del propio informe de RSF.
Pero los números son solo el punto de partida. Lo verdaderamente revelador es cómo funciona la mordaza en cada contexto. En Marruecos, el mecanismo más extendido no es la censura directa sino la autocensura inducida: leyes vagas sobre la monarquía, el islam o el Sáhara Occidental que nadie necesita aplicar con frecuencia porque su sola existencia ya disuade. En Turquía, el cerco es económico además de legal: los grandes grupos mediáticos pertenecen a empresas dependientes de contratos públicos, y los medios independientes que sobreviven se enfrentan a multas regulatorias millonarias. En Bangladés, el Estado construyó durante quince años una infraestructura de control tan completa que en julio de 2024, cuando las protestas estudiantiles se extendieron por el país, simplemente ordenó un apagón digital total, corte de 4G primero, banda ancha después.
Y sin embargo, el caso de Bangladés contiene también la paradoja más fascinante de toda la práctica. El apagón digital que el gobierno ordenó para sofocar las protestas estudiantiles de 2024 no las sofocó: las amplificó. Cuando las redes sociales desaparecieron, amplios sectores de la sociedad civil que hasta entonces se mantenían neutrales se sumaron al movimiento por indignación. La censura tecnológica extrema generó un efecto bumerán. Y las elecciones de febrero de 2026 terminaron siendo, en parte, el resultado de esa desobediencia digital.
Esto es lo que hace que esta práctica tenga una conclusión que va más allá de los índices: la mordaza digital del siglo XXI no funciona igual que la del siglo XX. Antes bastaba con cerrar un periódico. Ahora los gobiernos despliegan arsenales más sofisticados, leyes ambiguas, presión económica, vigilancia con software espía como Pegasus, desinformación organizada desde cuentas progubernamentales, pero se enfrentan a una generación que nació sabiendo cómo sortear filtros, crear VPNs y viralizar vídeos desde un móvil con datos móviles.
Hay algo profundamente político en el hecho de que los cinco países que hemos analizado sean tan distintos entre sí (en geografía, en cultura, en sistema político) y compartan sin embargo el mismo patrón: cuando un movimiento social emerge, lo primero que el poder intenta controlar es el relato. La prensa independiente no es un lujo democrático: es la condición sin la cual los movimientos sociales no pueden verse, nombrarse ni organizarse.
Y eso, a estas alturas del siglo XXI, ya no lo controla solo quien tiene el poder. También lo controla quien tiene el móvil, la conexión y las ganas de publicar.
