El renovado interés de Donald Trump por controlar Groenlandia ha activado un rechazo profundo entre los inuit, que leen esa presión no solo como una disputa geopolítica, sino como una amenaza contra su autogobierno, su cultura y su forma de entender la tierra.
Las reacciones en Nuuk, las advertencias de líderes indígenas y la desconfianza ante los acuerdos militares revelan que, detrás de la pugna por el Ártico, late una historia más larga: la de un pueblo marcado por la colonización, la urbanización forzosa y la lucha por conservar su identidad.
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Para entender la reacción inuit frente a Trump hay que empezar por la historia. Groenlandia arrastra un pasado de colonización danesa que, según la información aportada, comenzó oficialmente en 1721 con la misión de un sacerdote respaldado por la Iglesia y la Corona de Dinamarca. Esa colonización no fue solo política, sino también industrial, y se intensificó especialmente a partir de la década de 1950, cuando muchos inuit fueron trasladados por la fuerza desde pequeños asentamientos costeros hasta Nuuk. El objetivo era doble: hacerlos más “daneses” y sustituir una economía de subsistencia por otra de carácter industrial. Los grandes bloques de viviendas populares de la capital se convirtieron así en símbolo de una urbanización impuesta sobre familias indígenas arrancadas de sus lugares de origen.
Ese proceso no se detuvo en el territorio físico, sino que también penetró en la lengua, la religión y la educación. Según la misma fuente, las autoridades danesas impusieron su propio sistema cultural y desalentaron el uso de la lengua local, el kalaallisut, en un intento de transformar a los inuit en ciudadanos daneses. La pérdida de identidad, por tanto, no aparece descrita como un fenómeno espontáneo, sino como la consecuencia de un desarraigo ordenado desde el poder. Hoy, ese legado sigue pesando especialmente sobre las generaciones más jóvenes, atrapadas entre las tradiciones de la caza heredadas de sus abuelos y las exigencias de una vida urbana que perciben como ajena.
La dimensión política de esa historia empezó a cambiar en la década de 1970, cuando los inuit comenzaron a reclamar más libertad y lograron constituir su propio Parlamento. El salto decisivo llegó en 2009, con la entrada en vigor de la Ley de Autogobierno, que amplió la autodeterminación de Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca y reconoció al pueblo groenlandés, en virtud del derecho internacional, como un pueblo con derecho a la libre determinación. Esa norma, junto con la Constitución danesa, redefinió la posición de Groenlandia dentro del reino y reforzó además su capacidad de gestionar de forma autónoma sus recursos naturales, aunque la isla siga bajo administración de la Corona danesa.
En ese contexto, la política groenlandesa ha girado también en torno a la defensa del territorio. El partido independentista de izquierdas ganador en 2021 defendía la independencia total de Dinamarca y un control estricto de las licencias de extracción concedidas a empresas extranjeras. Pero, al mismo tiempo, la cuestión identitaria sigue abierta: si los inuit han avanzado en autogobierno y capacidad política, no han conseguido proteger del todo su propia cultura, cada vez más amenazada. El problema no es únicamente institucional, sino existencial: cómo preservar una identidad indígena en medio de la presión colonial heredada, la vida urbana y la explotación de recursos.
A esa fragilidad histórica se suma otra herida. Según el informe de IWGIA, en 2022 un pódcast radial reveló que entre 1966 y la década de 1970 médicos daneses insertaron dispositivos intrauterinos a unas 4.500 niñas y mujeres de Groenlandia. El Consejo de Derechos Humanos de Groenlandia considera que esa llamada “campaña del DIU” no fue la única violación de derechos humanos sufrida por el pueblo indígena después del final formal de la era colonial en 1953, y por ello se ha pedido una investigación imparcial e independiente sobre todas las vulneraciones cometidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.
La crisis identitaria se agrava además por los cambios del entorno natural. En el artículo de Voxeurop, un testimonio resume esa relación vital con el territorio: “Para nosotros el hielo lo es todo”. El hielo no aparece ahí como paisaje, sino como base material y cultural de la vida inuit. La fuente explica que antes el mar se helaba en septiembre, cuando todavía había suficiente luz para salir en trineo a cazar focas y prepararse para el invierno. Ahora, en cambio, hiela mucho más tarde, hacia finales de octubre o incluso noviembre. Esa alteración desordena los ritmos tradicionales y erosiona una forma de vida construida en armonía con la naturaleza.
Es sobre ese trasfondo donde se inserta la figura de Trump. Aqqaluk Lynge, expresidente del Consejo Circumpolar Inuit, describe la situación como una amenaza existencial y llega a advertir que “una invasión estadounidense en Groenlandia aniquilaría nuestro pueblo”. Lynge lamenta los “disparates” de Trump y pide apoyo internacional con una pregunta que desborda Groenlandia: “si lo hace con nosotros, ¿quién será el siguiente?”. Su reflexión resulta especialmente significativa porque procede de una figura vinculada históricamente al independentismo groenlandés. Sin embargo, según sus propias palabras, la presión estadounidense ha cambiado el escenario: si antes soñaba con una Groenlandia independiente, hoy considera que la unión con Dinamarca es la única forma de hacer frente a una eventual agresión.
La oposición no se limita a las élites políticas o intelectuales. Según la información enviada, en enero de 2025 una encuesta mostró que al menos un 85% de la población rechazaba una anexión a Estados Unidos. (Mahtani, N., 2026). Ese rechazo también se expresó en la calle: miles de groenlandeses se manifestaron en Nuuk con pancartas, banderas nacionales y consignas como “Groenlandia no está en venta”, en defensa de su autogobierno frente a las amenazas de una toma del poder por parte de Estados
Unidos. En un vídeo de AJ+ en español difundido en TikTok, varias voces nativas coincidían
además en una misma consigna: “No a la intervención estadounidense”.
Detrás de ese rechazo hay también una concepción del territorio incompatible con la lógica que los inuit atribuyen al proyecto de Trump. Tanto El País como El Destape recogen que la cosmovisión inuit se basa en una comunidad horizontal y en una idea de propiedad compartida colectivamente. En Groenlandia, las personas pueden ser propietarias de sus casas, pero no de la tierra que hay debajo. Además, sigue vigente el principio de repartir entre la familia extendida y los vecinos los alimentos obtenidos en la caza. Esa visión de la tierra como espacio común, que ha sobrevivido a siglos de colonización, choca de frente con una mirada basada en la apropiación, la explotación y el control estratégico.
Washington, sin embargo, sitúa Groenlandia en otro mapa: el de la seguridad y los recursos. Estados Unidos considera la isla crucial para sus intereses militares, estratégicos y económicos en el Ártico. Trump la ha presentado como decisiva para su proyecto de defensa antimisiles “Golden Dome”, mientras que su posición en la brecha GIUK (entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido) la convierte en una pieza relevante para influir en el acceso del Mar del Norte al Atlántico, especialmente en un contexto de tensiones crecientes con Rusia. A eso se añade la importancia de sus minerales para la industria armamentística y de alta tecnología, así como el interés estadounidense en frenar una mayor influencia china en la zona.
La disputa no se limita al discurso. Las negociaciones entre Estados Unidos y Dinamarca avanzan hacia el acceso a tres áreas de defensa adicionales en Groenlandia, lo que implicaría nuevas bases militares junto a la ya existente Base Espacial Pituffik. (Poza, P., 2026). Los acuerdos más recientes refuerzan esa percepción de alivio cauteloso y desconfianza. Las concesiones ofrecidas por la OTAN para frenar los deseos de Trump incluirían misiles estadounidenses en la isla y la creación de un puesto de control del Ártico, lo que obligaría a modificar el tratado de 1951 para introducir nuevos requisitos de presencia militar estadounidense. También se habla de “zonas de defensa” operadas por tropas estadounidenses de mutuo acuerdo. Para muchos groenlandeses, el temor no es solo la invasión directa, sino volver a convertirse en moneda de cambio en una negociación entre potencias que vuelve a hablar de Groenlandia sin contar realmente con ella.
Al final, la cuestión groenlandesa no se reduce a quién controla una isla rica en minerales y bien situada en el tablero ártico. Para los inuit, el choque con Trump reabre una experiencia histórica conocida: la de que otros decidan sobre su tierra, su cuerpo, su idioma, sus recursos y su futuro. Por eso su respuesta mezcla memoria, defensa del autogobierno y resistencia cultural. Lo que está en juego no es solo la soberanía de Groenlandia, sino la supervivencia de una comunidad que todavía intenta salir de la sombra de la colonización sin caer en una nueva tutela extranjera.
