La libre información como nueva amenaza para el Estado

La cruel masacre que llevamos presenciando en Gaza desde octubre de 2023 ha terminado por consolidar una anomalía institucional muy grave en la geopolítica actual: el veto sistemático al acceso de la prensa internacional independiente a la zona de conflicto. Decisión que, orquestada directamente por las autoridades de Israel, va mucho más allá de un simple control del perímetro militar, pues es una maniobra estratégica diseñada para monopolizar el relato de la guerra y privar a la opinión pública de cualquier información que la lleve a valorar si se está vulnerando el derecho internacional.

Pero el vacío informativo que se ha generado al expulsar a las agencias de noticias y enviados especiales no ha sido tal, pues simplemente ha dado mayor protagonismo al periodismo ciudadano, en el que tiene especial relevancia la juventud local. Ante la ausencia de reporteros profesionales, toda una generación ha asumido de facto el arriesgado papel de corresponsal, sin chalecos protectores ni acreditaciones oficiales tan sólo con sus teléfonos móviles y la conexión a internet que logran conseguir para documentar la situación que viven día a día. Para esta generación, el activismo ya no se limita a protestas y marchas multitudinarias para reclamar derechos que hoy los Estados neutralizan fácilmente. El activismo contemporáneo se ha transformado en un ejercicio de periodismo ciudadano para mostrar al mundo las realidades que ciertas élites tratan de silenciar y que opera en realidad como un mecanismo de supervivencia.

A día de hoy, el simple acto de grabar las consecuencias de un bombardeo, el colapso de los hospitales o las circunstancias violentas e inhumanas en las que se reparte la comida que llega a cuentagotas como ayuda humanitaria se ha convertido en una desobediencia civil de primer nivel. Lo más llamativo de este fenómeno es cómo se ha descentralizado la capacidad de informar, pues, de pronto, una red inmensa de personas comparte imágenes impactantes sin pasar por el filtro de ninguna línea editorial, logrando un impacto global que escapa a la censura. Es curioso además cómo estos contenidos tan crudos y sin explicaciones de ningún medio llegan a generar un mayor impacto emocional entre a quienes llega, por lo que parece que la táctica israelí de vetar a los periodistas extranjeros para controlar la narrativa no sólo no es útil, sino que puede llegar a ser contraproducente.

Y es aquí donde todo parece cambiar para las estructuras de poder, pues mientras que un Estado puede tener todas las herramientas para expulsar a un medio extranjero, se ve completamente desbordado ante miles de ciudadanos anónimos que emiten sin intermediarios desde los escombros de sus propias ciudades. Esto hace que el Estado deje de percibir la información como un derecho y empiece a tratarla como un acto de hostilidad. Al verse incapaces de moldear la opinión pública a su antojo, las autoridades pasan a considerar a estos jóvenes como auténticas amenazas a la seguridad nacional, criminalizando el simple hecho de documentar, equiparando el uso de un teléfono móvil con una agresión o un acto de traición, algo que ya escapa de conflictos concretos se hace en momentos de tensión por parte de muchos regímenes, como pueden ser el iraní.

Todo este entramado de censura y represión nos lleva, inevitablemente, a cuestionar la legitimidad de los sistemas políticos que la practican: ¿es realmente posible hablar de democracia cuando, en tiempos de guerra, se suprime la libertad de prensa y se bloquea la información? La respuesta es un rotundo no, pues hablar de seguridad nacional cuando, en el fondo, su única finalidad es garantizar la impunidad de las instituciones es un argumento de lo más absurdo, y algo vital en cualquier democracia, más allá de la celebración de elecciones, es que exista una ciudadanía informada y crítica que pueda conocer las decisiones de sus líderes.

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