Ante la fractura del orden solidario y la primacía de la soberanía, la lucha por el derecho universal a la salud define nuestra humanidad compartida
19 ABR 2026- 16:18 CEST
La ayuda internacional es una política cuya percepción pública ha estado históricamente vinculada a la naturaleza de sus propósitos, siendo motivada por altruismo o interés según el caso.
En tiempos recientes, se ha visto un ascenso en gobiernos nacionalistas y ultraconservadores, afines a la extrema derecha, con enfoques que priorizan la gestión soberana y la revisión de los acuerdos multilaterales y que plantean agendas que difieren de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta situación plantea un debate en política exterior: dar primacía al bienestar nacional o contribuir a la asistencia internacional.
Uno de los ámbitos en los que se refleja esta disyuntiva es en la materia de vacunas. En lo que respecta a la distribución de estas, la equidad se refiere a la asignación de vacunas a lo largo del globo atendiendo a las necesidades, independientemente de la situación económica de cada país. Esta se orienta a lograr el derecho humano a la salud sin distinciones. Sin embargo, los datos actuales reflejan una realidad que dista de acercarse a esta igualdad.
En 2021, la OMS fijó el objetivo de lograr un 70% de vacunación mundial para mediados de 2022. La oferta mundial era lo suficientemente alta como para lograr la vacunación equitativa y completa de todas las poblaciones adolescentes y adultas a nivel mundial. No obstante, cuando el plazo llegó a término, solo 58 de los 194 Estados de esta Organización habían alcanzado la meta. Desglosándola por países, aquellos de ingresos bajos únicamente lograron que el 37% de sus trabajadores consiguiera un ciclo completo de pauta inicial de vacunación. Asimismo, durante la crisis del COVID-19, mientras que, en países de renta alta, 4 de cada 5 personas (un 79,86%) habían recibido una vacuna a 15 de noviembre de 2023, en los países de renta baja, solo 1 de cada 3 personas (un 32,82%) la habían recibido.
Esta distribución dispar es una tendencia que data de muchos años atrás. Según la OMS, mientras que los países de renta alta acceden con facilidad a una gran variedad de vacunas, el acceso a estas supone una lucha en países más necesitados. En el caso del COVID-19, esto los colocó en una posición de vulnerabilidad frente a nuevas variantes y rebrotes, resultando en una recuperación de la crisis más lenta. Se calcula que, en promedio, la vacunación en países de alta renta comenzó dos meses antes que en el resto del mundo.
El PNUD realizó un análisis durante esta crisis sanitaria con el objetivo de conocer el impacto de las tasas de vacunación en la recuperación económica. Se analizaron previsiones en base a estas en más de 195 países, llegando a la conclusión de que, en los países de renta baja (con una tasa de vacunación casi nula), el proceso de recuperación sería más largo e incierto que en países de alta renta. Esto resulta problemático para los trabajadores, especialmente los que se dedican a sectores como el comercio o a los servicios de hostelería, ya que los confinamientos prolongados para ellos equivalen a la pérdida de empleo.
Esta desigualdad no se ha visto modificada a pesar de cambios favorables en el sistema de vacunación. La capacidad de fabricación ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, pero sigue estando muy concentrada, con tan solo diez fabricantes produciendo el 70% de las vacunas. Además, el 90% de las vacunas adquiridas en 2021 en las regiones de África y el Mediterráneo Oriental dependían de fabricantes con sede en otros países. Esto conlleva un riesgo de escasez, así como una inseguridad de suministro regional. Asimismo, los monopolios limitan la capacidad de fabricación local.
La concentración desigual no es el único motivo de la disparidad del reparto de vacunas. La asequibilidad es un factor de notoria relevancia en el acceso a estas. Si bien los precios de las vacunas tienden a estar escalonados según ingresos, existen desigualdades que hacen que los países de renta media paguen tanto, o incluso más, que los más ricos. Por otra parte, aunque los programas de vacunación aumentan los costes sanitarios de todos los países, sus efectos son más notorios en países en vías de desarrollo.
La desigualdad en la distribución global de vacunas no es un accidente ni un simple fallo de coordinación internacional; es el reflejo de un orden político y económico que prioriza la soberanía nacional sobre la justicia global. La pregunta de si los países ricos deben proteger primero a su población o asumir un deber de equidad sanitaria revela una tensión profunda entre dos modelos de entender la justicia distributiva: uno centrado en las fronteras y otro en la humanidad compartida.
Desde la perspectiva de la justicia global, autores como John Rawls, en The Law of Peoples, sostienen que los Estados tienen deberes de asistencia hacia sociedades menos favorecidas, aunque sin llegar a exigir una redistribución plena. La pandemia puso a prueba esta teoría: mientras la OMS insistía en que la vacunación equitativa era un imperativo ético y sanitario, muchos gobiernos optaron por estrategias de acaparamiento que contradecían cualquier noción de justicia distributiva global.
El auge de gobiernos nacionalistas y ultraconservadores, especialmente en países influyentes, ha reforzado esta tendencia. La retórica de la autosuficiencia, la protección de la “propia gente” y la desconfianza hacia los organismos multilaterales ha debilitado la cooperación internacional. La ayuda exterior, históricamente percibida como un instrumento de diplomacia o solidaridad, se ha reinterpretado bajo criterios de utilidad interna. En este clima político, la distribución equitativa de vacunas dejó de ser vista como una obligación moral y pasó a considerarse un lujo prescindible.
Pero la desigualdad no se explica solo por decisiones políticas coyunturales. Responde también a una estructura económica global profundamente asimétrica. La concentración de la producción de vacunas en unas pocas empresas, como documentó la propia OMS, evidencia que la capacidad de un país para proteger a su población depende de su posición en la jerarquía económica mundial. La pandemia reveló que la salud global está condicionada por monopolios farmacéuticos, patentes restrictivas y una dependencia tecnológica que deja a los países de renta baja en una situación de vulnerabilidad permanente.
Además, informes de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial han subrayado que la desigualdad en la vacunación no solo tiene consecuencias éticas, sino también económicas. La recuperación desigual entre países genera inestabilidad en los mercados, interrumpe las cadenas de suministro y retrasa la reactivación del comercio global. En este sentido, la falta de equidad no solo perjudica a los países más pobres, sino que termina afectando al conjunto del sistema internacional.
Asimismo, la persistencia de bajas tasas de vacunación en determinadas regiones favorece la aparición de nuevas variantes del virus, lo que pone en riesgo los avances alcanzados incluso en los países con mayor cobertura. Esto refuerza la idea de que la salud global es un bien público interdependiente, y que las soluciones exclusivamente nacionales son, en última instancia, insuficientes. Como han señalado repetidamente expertos de la OMS, “nadie está a salvo hasta que todos lo estén”.
La desigualdad en los precios de las vacunas, documentada por el Banco Mundial añade otra capa de injusticia. Que países de renta media pagaran más por dosis idénticas que economías avanzadas demuestra que el mercado sanitario global no opera bajo criterios de equidad, sino de poder negociador. Esta dinámica reproduce un patrón histórico: en momentos de crisis, quienes más necesitan protección son quienes menos pueden acceder a ella.
Las consecuencias de esta desigualdad no son solo sanitarias, sino económicas y sociales. El análisis del PNUD durante la crisis del COVID‑19 mostró que los países con tasas de vacunación bajas enfrentaban recuperaciones más lentas, mayor inestabilidad laboral y un riesgo más alto de recaídas económicas. La justicia distributiva, en este contexto, no es un ideal abstracto: es una condición necesaria para evitar que las crisis globales profundicen las brechas existentes.
Mientras los países ricos continúan justificando su prioridad nacional y la arquitectura económica global mantiene a millones al margen del derecho a la salud, la pregunta ya no es si existe un deber de equidad, sino cuánto más estamos dispuestos a tolerar un sistema que convierte la vida en un privilegio negociable. La pandemia evidenció que la seguridad sanitaria no puede entenderse en clave nacional y que nadie está realmente protegido mientras existan poblaciones excluidas del acceso a la vacunación; sin embargo, la respuesta internacional mostró que, para muchos gobiernos, la solidaridad sigue siendo un principio contingente y que las desigualdades estructurales continúan considerándose aceptables dentro del orden global vigente. En un mundo donde la capacidad de fabricar vacunas está concentrada en diez actores y donde los países de renta baja iniciaron su vacunación dos meses más tarde que el resto, insistir en la autosuficiencia nacional no es una estrategia: es una renuncia deliberada a la justicia global.
