El retroceso democrático producido en Túnez a partir del 25 de julio de 2021 ha acabado con los únicos avances prometedores derivados de la Primavera Árabe. Ese día, el presidente tunecino, Kaïs Saïed, cesó al Gobierno y suspendió el Parlamento, impulsando al mismo tiempo un nuevo proyecto político que reformó la Constitución hacia un sistema ultrapresidencialista, suponiendo el inicio de una preocupante concentración de poder. La llegada de Saïed a la presidencia se produjo a través de la vía democrática, llegando al cargo en octubre de 2019 con un discurso populista que caló en la sociedad, ya que el país se encontraba inmerso en un clima de evidente descontento social.
Sin embargo, el apoyo con el que contaba en un comienzo ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, debido a que un gran sector de la ciudadanía y la oposición han ido identificando políticas de corte autoritario y represivo en la supuesta lucha de Saïed por remediar los problemas económicos y de seguridad. En los últimos años, el presidente ha perseguido constantemente a sus opositores, haciendo temblar a la sociedad tunecina. El hecho de haberse atribuido la práctica totalidad de los poderes del Estado le ha permitido controlar diversos órganos de la judicatura, destituir a diversos jueces y detener y condenar a sus mayores críticos.
Las detenciones de líderes de la oposición, como Rachid Ghanuchi, Issam Chebbi o Jawhar Ben Mbarek, no solo evidencian la ausencia de libertades, sino que confirman un patrón sistemático de represión incompatible con cualquier sistema democrático. Asimismo, las condenas tienden a endurecerse con el paso del tiempo, demostrando la existencia de control del poder judicial por parte del presidente, lo cual supone un grave y peligroso retroceso democrático.
Mientras tanto, miles de ciudadanos, activistas y opositores políticos muestran su descontento con el régimen impuesto por Saïed. Las manifestaciones del 22 de noviembre de 2025 constituyen un claro ejemplo de ello, en tanto que miles de personas se movilizaron para protestar contra el aumento de presos políticos, la injerencia del presidente en el poder judicial y la restricción de la libertad de expresión. Las medidas adoptadas por el presidente han erosionado los principales avances democráticos cosechados tras la Primavera Árabe, cuando fue derrocado el líder autoritario Ben Ali, evidenciando que las medidas tomadas han agravado la situación en lugar de resolverla.
La revolución de 2011 propició una ampliación de las libertades civiles y de los derechos humanos en Túnez, así como un incremento del activismo y de la participación ciudadana en la vida política. No obstante, el proceso de transición democrática parece haber llegado a su fin, en la medida en que la ciudadanía percibe una progresiva reducción de su capacidad de decisión, mientras que los principales opositores se enfrentan a una represión cada vez más intensa. Esto está llevando a Túnez a un periodo de temor e inestabilidad que recuerda a épocas no muy lejanas de regímenes severos y autoritarios, hecho que constituye una clara amenaza no solo para el futuro de Túnez, sino también para el de toda su región.
Este deterioro institucional no solo compromete la estabilidad interna del país, sino que también proyecta una imagen de inseguridad jurídica que puede tener consecuencias directas en el ámbito económico. La concentración de poder y la ausencia de garantías democráticas dificultan la atracción de inversión extranjera y debilitan la confianza de los actores internacionales, en un momento en el que Túnez necesita con urgencia apoyo económico para hacer frente a sus problemas estructurales. Es pertinente recordar que la llegada al poder de Saïed se produjo principalmente con el objetivo de acabar con la crisis económica en la que se encontraba inmerso el país, pero esto no se ha materializado. En este sentido, la deriva autoritaria no solo supone un retroceso político, sino también un obstáculo significativo para el desarrollo y la prosperidad del país.
Asimismo, el caso tunecino plantea interrogantes más amplios sobre el futuro de los procesos de democratización en la región. Lo ocurrido en Túnez, considerado durante años el ejemplo más esperanzador de la Primavera Árabe, pone de manifiesto la fragilidad de las transiciones democráticas cuando no van acompañadas de instituciones sólidas y de un compromiso real con el Estado de derecho y las libertades individuales. Ignorar esta realidad supondría asumir el riesgo de que dinámicas similares se reproduzcan en otros contextos similares, consolidando así una tendencia regresiva que amenaza con debilitar el progreso democrático cosechado en Túnez.
En este contexto, resulta imprescindible subrayar la responsabilidad de los organismos internacionales y de los socios europeos en la defensa de los principios democráticos en Túnez. La estabilidad no puede construirse a costa de la erosión del Estado de derecho, ni puede justificarse el respaldo tácito a dinámicas autoritarias en nombre de la seguridad o del control migratorio. Una respuesta firme y coherente por parte de la comunidad internacional, basada en la exigencia de garantías institucionales y el respeto a los derechos fundamentales, se presenta como un elemento clave para evitar la consolidación de este proceso regresivo.
De este modo, mientras el foco de atención se concentra en Oriente Medio, debido a los conflictos en Gaza e Irán y a la persistente inestabilidad en países afectados por el terrorismo, como Líbano, Siria o Yemen, la situación en el norte de África queda relegada a un segundo plano, pese a la gravedad del contexto. Más allá de la crisis en Libia, considerada un Estado fallido como consecuencia de la guerra civil iniciada en 2011, Túnez experimenta un acusado retroceso respecto a los avances logrados en la última década, lo que invita a una reflexión. ¿Ha dado realmente frutos la Primavera Árabe? ¿O se trató únicamente de un espejismo de esperanza, progreso y apertura condenado a desvanecerse? La comunidad internacional no puede permanecer indiferente, ya que la situación es crítica y Túnez requiere un cambio urgente y significativo que permita reconducir al país hacia la senda democrática; sin embargo, la permanencia de Saïed en el poder hace prever que dicho escenario resulte, a corto plazo, difícilmente viable.
Mientras tanto, la sombra de Ben Ali acecha a los protagonistas de la Revolución del Jazmín. Aquellos jóvenes que salieron a las calles en 2011 ven hoy cómo su lucha es socavada por un nuevo presidente que no solo ignora su legado, sino que amenaza con devolver al país, que en su día fue el faro de esperanza para los países árabes, al punto de partida desde el que se desarrolló la revolución.
