Informar sobre el éxodo migratorio en América Latina exige algo más que estar sobre el
terreno: exige libertad. En una región atravesada por el desplazamiento constante de personas,
la forma en que los medios construyen el relato sobre los migrantes choca a menudo con
diversas barreras invisibles. Para entender cómo opera la «mordaza en la era digital» y de qué
manera condiciona la cobertura periodística de estas migraciones, en este reportaje proponemos
un análisis comparativo de seis países clave en el flujo migratorio sudamericano: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela.
Para llevar a cabo este estudio, hemos diseñado un marco metodológico basado en la
triangulación de datos procedentes de los dos medidores internacionales de referencia en
materia de libertad de información y derechos digitales.
En primer lugar, hemos recurrido al Barómetro y a la Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). De cada país se ha extraído su posición en el ranking
global para, posteriormente, desglosar la puntuación en seis variables de estudio. Con el
objetivo de ir más allá de los cinco indicadores básicos y trazar una radiografía completa,
hemos decidido incorporar el panorama mediático de cada territorio, lo que nos permite
comprender el ecosistema informativo antes de evaluar las presiones que sufre. A este
panorama se suman el contexto político, el marco legal, el contexto económico, el contexto
sociocultural y la seguridad. Dentro de este bloque, el análisis pone un foco muy especial en el
contexto sociocultural. A través de las 22 preguntas y subpreguntas que plantea RSF para este
indicador, hemos rastreado las presiones sociales y culturales que sufren los profesionales de
la información. El objetivo es identificar si existen coacciones, ataques o un clima de
autocensura que impida a los periodistas cuestionar al poder o informar libremente sobre
realidades complejas, como la situación de la población migrante, por miedo a ir en contra de
la cultura dominante.
En segundo lugar, para evaluar el grado de censura y control específico en internet, nos hemos
apoyado en el informe Freedom on the Net de la organización Freedom House. La evaluación
del entorno digital de cada país se ha estructurado en torno a las tres categorías que propone la
entidad: obstáculos al acceso, límites al contenido y violaciones de los derechos de los usuarios.
No obstante, al aplicar esta metodología nos encontramos con una excepción importante: el
informe oficial no incluye a Uruguay en su muestra. Para resolver este vacío y mantener la
coherencia del análisis comparativo, en este caso concreto tuvimos que buscar alternativas
metodológicas. Así, las tres categorías del ecosistema digital uruguayo se han construido
cruzando los datos del informe general Freedom in the World con fuentes oficiales y
organizaciones locales de referencia, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los
reportes de la ONG CAinfo.
La aplicación sistemática de estas diez variables a cada uno de los seis países nos ha permitido
estandarizar la recogida de datos. De este modo, tras los análisis individuales, el estudio
culmina con un análisis colectivo donde se cruzan los resultados para obtener una visión
panorámica de las luces y sombras del periodismo latinoamericano en la era digital.
Tras haber analizado en profundidad el ecosistema mediático y digital de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela; se puede afirmar que la principal conclusión de este
trabajo es que la libertad de prensa en América Latina resulta, en gran medida, un espejismo
estructural. Se ha podido comprobar que no es necesario vivir bajo un régimen autoritario como
el de Venezuela (país en el que el apagón informativo y la persecución estatal son absolutos)
para que exista censura. La mordaza es económica y corporativa en democracias que a priori
se entienden como estables. El hecho de que la información se halle controlada por históricos
oligopolios familiares y dependa fuertemente de la publicidad institucional asfixia al
periodismo local. Si a un reportero le pagan mal, le amenazan con despidos o su medio
sobrevive gracias al político de turno, la autocensura se convierte en la única vía de
supervivencia.
Se ha de añadir a esta asfixia financiera que el entorno digital ha pasado de ser una promesa de
democratización a un campo de batalla tóxico. Lejos de garantizar la libertad, internet se ha
inundado de desinformación, ejércitos de ‘trolls’ y campañas de asco impulsadas, muchas
veces, desde las propias cúpulas del poder. Se puede apreciar con la agresividad institucional
que se da en Argentina y Colombia, o con el ciberpatrullaje y la vigilancia en otros puntos de
la región. Cuando el Estado no te silencia por ley, te asedia en redes o te ahoga en juicios por
difamación. Creándose un clima de hostilidad en el que hacer periodismo de investigación se
convierte en una profesión de altísimo riesgo,tanto a nivel legal como a nivel psicológico.
Es en este punto precisamente donde la totalidad de estas grietas democráticas chocan de frente
con el eje de nuestra investigación: la cobertura del éxodo migratorio. La suma de monopolios
mediáticos, precariedad y violencia ha generado inmensos ‘desiertos informativos’ en las zonas
fronterizas y periféricas de la región. Al desaparecer el periodismo de proximidad, la narrativa
sobre los migrantes queda secuestrada por las grandes corporaciones centralizadas en las
capitales. El resultado es una cobertura plana, distante y a menudo criminalizadora, que borra
los matices humanos y las violaciones de derechos que ocurren sobre el terreno.
En definitiva, la falta de libertad mediática y digital no solo empobrece el debate público, sino
que condena a las poblaciones migrantes a la invisibilidad más absoluta, dejándolas sin voz t
desprotegidas frente a los abusos del poder.
