Mientras Pekín presiona y Taipéi se arma, Occidente sigue jugando a dos bandas sin definir claramente su posición
El presidente taiwanés, William Lai, ha reafirmado públicamente la soberanía de Taiwán frente a las crecientes presiones de Pekín, rechazando así cualquier proceso de unificación con la República Popular China. Para las autoridades de Taipéi, aceptar el concepto de “una sola China” equivale a renunciar a la identidad democrática y a la libertad de los ciudadanos, las cuales han sido construidas durante décadas. No es una posición nueva, pero sí cada vez más urgente, ya que las encuestas internas muestran, de forma consistente, que una mayoría creciente de la población taiwanesa se identifica exclusivamente como tal, y no como china, lo que convierte cualquier intención de anexión en una imposición que choca con la voluntad de quienes viven en Taiwán.
Este conflicto tiene su origen en la guerra civil china de 1949, cuando el gobierno nacionalista del Kuomintang se refugió en Taiwán tras la victoria comunista en el continente. Desde entonces, Taiwán ha funcionado como un Estado autónomo de facto, con instituciones democráticas, ejército y economía propias e independientes. La República Popular, por su parte, nunca ha renunciado a la reunificación y no descarta, tampoco, el uso de la fuerza para lograrla. Conviene recordar que desde 1971 la propia ONU reconoce a la República Popular como la única representante legítima de China, lo que otorga a Pekín una cobertura jurídica internacional que Taipéi no posee, y que complica cualquier respuesta occidental que pretenda justificarse exclusivamente en el derecho internacional.
En un contexto de tensión constante, centrado en maniobras militares constantes en el estrecho, aislamiento diplomático y bloqueo sistemático de la participación taiwanesa en organismos internacionales como la OMS o la OACI, Taiwán ha acelerado su proceso de rearme mediante acuerdos con Estados Unidos valorados en 6.600 millones de dólares, que incluyen sistemas de lanzacohetes, artillería y misiles de última generación. Washington mantiene su política tradicional de ambigüedad estratégica, ya que apoya militarmente a Taiwán, pero no reconoce formalmente su independencia, postura que le ha funcionado como elemento disuasorio durante décadas pero que muestra señales de agotamiento. Japón, Corea del Sur y Australia, democracias afectadas directamente por las consecuencias de una eventual escalada, han adoptado posiciones públicas más explícitas y sustanciales. Europa, en cambio, se ha mantenido en silencio.
La posición de China tiene una lógica propia que no puede desmontarse con facilidad. Pekín defiende la reunificación justificándola como una cuestión de integridad territorial, un principio que el propio Occidente ha defendido en otros contextos. La política que combina la amenaza militar permanente, forzar el aislamiento diplomático y la presión económica, está diseñada para desgastar la voluntad de una sociedad que ha desarrollado una identidad y unas instituciones propias que ninguna coacción exterior ha conseguido desequilibrar, deslegitimando dicha estrategia. Cuando un Estado recurre a los métodos de control continuo para imponer una solución política, cuando existe una férrea oposición de la población, el argumento jurídico deja de ser legítimo y se convierte en una herramienta de dominación.
La importancia geopolítica del conflicto va mucho más allá del ámbito regional. Taiwán concentra una parte dominante de la producción mundial de semiconductores, los componentes esenciales sobre los que descansa prácticamente toda la tecnología moderna, desde los teléfonos móviles hasta los sistemas de armamento más avanzados. Una crisis en el Estrecho interrumpiría las cadenas de suministro globales durante meses o años y afectaría de forma directa a sectores estratégicos relacionados con la tecnología. Las consecuencias de una escalada no serían un problema geográficamente remoto, ya que llegarían al bolsillo de los ciudadanos europeos antes de que sus gobiernos terminaran de redactar el comunicado de condena.
Sin embargo, Occidente, en particular Europa, persiste en una neutralidad que resulta cada vez más difícil de distinguir de la complicidad indirecta. El argumento más invocado es la dependencia comercial respecto a China, cuyo mercado representa para muchas economías europeas un volumen de intercambio que ningún gobierno está dispuesto a sacrificar alegremente. Es un dato real que no merece ser ignorado. Pero hay una diferencia sustancial entre gestionar con prudencia una relación comercial compleja y utilizar esa complejidad como excusa para eludir cualquier posicionamiento político. Lo primero es diplomacia; lo segundo es oportunismo disfrazado de pragmatismo.
El contraste con otras democracias de la región resulta revelador. Japón ha reforzado sus alianzas de seguridad y ha declarado explícitamente que la estabilidad del Estrecho de Taiwán es esencial para su propia seguridad nacional. Australia ha incrementado su cooperación militar con Washington en el marco del acuerdo AUKUS. Corea del Sur, pese a su propia exposición frente a China, mantiene una postura pública más definida que la de los principales países europeos. Estas democracias también tienen intereses comerciales con Pekín. También asumen costes. La diferencia es que han decidido que algunos principios no son negociables, y que la credibilidad de un sistema de alianzas depende precisamente de que sus miembros no desaparezcan cuando la situación se complica.
Occidente lleva décadas construyendo un discurso sobre la defensa de la democracia, el Estado de derecho y la soberanía de los pueblos. Sin embargo, esta posición moral puede no alinearse con los objetivos estratégicos y por tanto situar a los gobiernos en posiciones incómodas. Frente a Taiwán, las democracias occidentales están eligiendo sistemáticamente la comodidad, así como armamento discreto, declaraciones genéricas y apelaciones al diálogo que nadie impulsa y que Pekín no tiene ningún incentivo para aceptar mientras la presión funciona sin coste aparente.
Posicionarse no significa necesariamente el reconocimiento diplomático inmediato de Taiwán ni una declaración de ruptura comercial con China. Significa, como mínimo, defender su participación en los organismos internacionales de los que ha sido excluida por presión de Pekín, reforzar los vínculos políticos y económicos que reduzcan su vulnerabilidad frente al gigante asiático, y asumir que la ambigüedad estratégica, útil en otro tiempo, ha dejado de ser una política para convertirse en la dilatación indefinida de decisiones que con el tiempo el orden internacional y las dinámicas geopolíticas acabarán imponiendo.
La coherencia democrática no es un principio que pueda aplicarse de forma selectiva según el coste que implica en cada momento. Si Occidente defiende la soberanía cuando le conviene y sin embargo se olvida de sus principios de manera deliberada cuando estos no se alinean hacia otro lado cuando le resulta incómodo, no está siendo prudente, está siendo hipócrita. Con el tiempo, esta estrategia no solo desgasta la visión que la sociedad tiene de los valores occidentales, sino que le confirma a Pekín que la presión funciona, y que basta con ser lo suficientemente paciente para que la comunidad internacional y en especial Occidente termine cediendo ante sus reclamaciones.
