La entrada en aplicación del European Accessibility Act el 28 de junio de 2025 ha vuelto a dejar en evidencia una realidad que demasiadas veces se ha intentado tapar con campañas de imagen: la accesibilidad sigue llegando tarde. Desde esa fecha, la Unión Europea exige que productos y servicios de uso cotidiano, como teléfonos, ordenadores, cajeros automáticos, máquinas de billetes, transporte de pasajeros, banca, libros electrónicos, comercio electrónico y comunicaciones electrónicas, cumplan requisitos comunes de accesibilidad. Y no se trata, ni mucho menos, de una cuestión menor: en la Unión Europea viven alrededor de 100 millones de personas con discapacidad, mientras que la OMS estima que a escala mundial la cifra asciende a 1,3 mil millones de personas, es decir, una de cada seis.
El problema, por tanto, no es residual, ni anecdótico, ni algo que pueda seguir posponiéndose. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad deja claro en su artículo 9 que los Estados deben garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones y a los servicios abiertos al público. En esa misma línea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha subrayado que la accesibilidad no es un añadido ni una medida complementaria, sino una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad. También en el ámbito del turismo internacional, UN Tourism ha impulsado recomendaciones, estándares y materiales dirigidos tanto a administraciones públicas como a operadores privados para incorporar la accesibilidad a sus políticas y a su gestión.
Por eso conviene desconfiar del triunfalismo institucional. Las grandes democracias hablan de inclusión con soltura, pero siguen tolerando barreras en lo más básico: transporte, información, entornos digitales, servicios financieros o servicios abiertos al público. Se celebran avances normativos, pero la vida real sigue exigiendo a millones de personas una paciencia extraordinaria para hacer cosas ordinarias.
Durante demasiado tiempo, la accesibilidad se ha tratado como un gesto de sensibilidad, un añadido técnico o una concesión para unos pocos. Pero esa mirada choca con la propia lógica de la Convención, que parte de una idea mucho más incómoda: la discapacidad no se entiende solo desde la condición individual, sino desde su interacción con barreras del entorno y de actitud; además, la propia Convención define el diseño universal como aquel que permite que productos, entornos y servicios puedan ser utilizados por todas las personas desde el origen. Por eso, cuando una persona no puede comprar un billete de forma autónoma, entrar en una web pública, reservar una habitación o moverse con seguridad por una ciudad, no estamos ante un fallo individual ni ante una desgracia privada, sino ante barreras que las instituciones y los operadores siguen sin eliminar.
Y ahí reside el verdadero fracaso. La exclusión no siempre adopta la forma brutal de la prohibición; muchas veces se instala en la espera, en la dependencia forzada, en el formulario imposible, en la rampa que no existe, en el cartel que no se entiende o en el silencio administrativo que convierte un derecho en una súplica. La accesibilidad no puede seguir siendo una promesa aplazada, un adorno en el discurso ni una simple nota al margen en la agenda internacional. Tiene que entenderse como lo que realmente es: una condición básica de ciudadanía, movilidad y dignidad.
Una sociedad que se presenta como moderna, innovadora y global no debería aceptar que la autonomía de millones de personas siga dependiendo del esfuerzo extra, de soluciones improvisadas o de la buena voluntad de otros. Ya es momento de pedir menos celebraciones y más cumplimiento; menos discurso y más control; menos marketing inclusivo y más diseño universal desde el principio. Porque cuando falta accesibilidad, no falla solo una infraestructura, una web o un servicio: falla también la democracia en su promesa de igualdad. Y una comunidad política que excluye en lo cotidiano difícilmente puede considerarse realmente justa.
