Miembros de la Guardia Nacional de California en guardia en frente del edificio federal Edward R. Roybal, en Los Ángeles, 9 de Junio, 2025.
Daniel Cole/Reuters
Estados Unidos se ha convertido en la cárcel de su propia población.
A principios del año pasado el gobierno estadounidense priorizó el control migratorio y las detenciones dentro del país, el Departamento de Seguridad Nacional y sus cuerpos de seguridad empezaron a tomar las calles con un objetivo muy claro, la detención masiva de inmigrantes ilegales.
Estos hechos han provocado el aumento del pánico en la población civil y la movilización de protestas masivas en contra del Servicio de Control de Inmigración o Aduanas, el temido ICE.
El aumento de las detenciones arbitrarias en zonas urbanas, sumado a la creciente oposición social a estas políticas, han resultado en graves incidentes como el fallecimiento de Renée Good en Minneápolis (ciudad con alta oposición al ICE), una mujer que tras intentar evitar la actuación del ICE en su ciudad recibió tres disparos mortales por parte de un agente del cuerpo.
La situación no mejora después de las detenciones, múltiples testimonios presentados por organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y civiles denuncian violaciones graves en los principales centros de detención de inmigrantes del país.
Desde el centro de Fort Bliss en El Paso, Texas, considerado el mayor complejo de detención, los testimonios de los detenidos recogidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) describen múltiples vulneraciones de su integridad mental y física.
En la mejor de las situaciones estos centros presentan condiciones inhumanas de detención, como comida insuficiente o en mal estado, escasez de recursos que permitan una higiene básica e instalaciones insalubres.
Otras violaciones más graves denunciadas se basan en la falta de atención médica, por la inaccesibilidad a medicamentos necesarios o atención médica, una detenida bajo el pseudónimo de “Josefina” que sufre de diabetes, enfermedad crónica por la que debería de recibir insulina de forma regular, afirma que esta no ha sido suministrada conforme a los periodos necesarios, del mismo modo se ha registrado la muerte de un detenido que no recibió atención médica ante un caso de tuberculosis.
Por parte de los agentes se ha llevado a cabo un trato degradante y extremadamente violento, con técnicas de intimidación para intentar forzar la auto deportación, incluso a países sin vínculos con el individuo, y brutales agresiones que han llevado a la necesidad de atención médica urgente.
Las condiciones mencionadas con anterioridad han llegado incluso al límite de condicionar el fallecimiento de tres individuos en el último año.
Lo que está ocurriendo no puede entenderse como una suma de casos aislados, sino como un problema más profundo del sistema. Para ello, es necesario mirar atrás en la historia. Desde una perspectiva europea, estos hechos ya nos resultan familiares; detenciones basadas en criterios étnicos, discursos de exclusión y centros de internamiento con escasas garantías de derechos fundamentales. Son dinámicas que recuerdan a episodios vividos en nuestro continente hace aproximadamente ochenta años. No se trata de equiparar contextos, pero sí de reconocer patrones que, aunque no sean idénticos, pueden evolucionar hacia consecuencias peligrosamente parecidas si se normalizan.
En este contexto, la frontera ya no puede entenderse solo como un límite físico en el mapa. Se ha transformado en una barrera invisible que afecta la vida diaria de las personas, incluso cuando ya han cruzado. Ya no importa si alguien lleva años viviendo en Chicago o Miami, si tiene un trabajo estable o si sus hijos han nacido allí; el sistema le hace sentir que nunca ha terminado de entrar, que siempre está «fuera». Esta frontera invisible ha destruido la paz en los barrios y ha instalado un clima de miedo que se percibe en cada esquina.
Ese miedo no depende de tener o no papeles. Hoy, en las comunidades latinas de todo Estados Unidos, nadie se siente seguro. Incluso quienes tienen la nacionalidad viven con la angustia de que un agente del ICE llame a su puerta por error o los detenga en la calle por puro prejuicio. La ley, que debería ser un escudo para todos, se ha vuelto frágil.
Una de las actitudes más preocupantes es la deshumanización que viene desde arriba. Cuando escuchamos a altos cargos del gobierno, o incluso a la vicepresidencia, usar un lenguaje despectivo, estamos viendo cómo se prepara el terreno para el abuso. Al llamar a una persona «alien» o «ilegítimo», se le quita su nombre, su historia y sus derechos.
Estas persecuciones y encarcelaciones no se producen únicamente contra grupos ya establecidos, sino también a las minorías más vulnerables. Uno de estos casos se dio en Minnesota cuando, de camino a casa, un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, fue detenido por agentes de ICE, fue utilizado como “cebo” para instigar a sus padres para que abrieran la puerta de su hogar y así poder trasladar a esta familia a un centro residencial en Texas, demostrando una vez más la insensibilización de este cuerpo con los derechos humanos y de la infancia.
Más allá de las versiones oficiales, el impacto es claro: un niño de cinco años expuesto a una intervención policial, trasladado a un centro de internamiento y convertido en instrumento dentro de un operativo.
Por otro lado, estas prácticas contribuyen a normalizar un modelo en el que ciertos colectivos quedan privados de derechos. Cuando una sociedad acepta que hay personas que pueden ser deshumanizadas por grupos institucionales planteados para proteger a la sociedad, se fomenta una ideología discriminatoria y segregadora. El problema ya no es únicamente migratorio: es estructural. Afecta a la credibilidad de las instituciones, al respeto por el Estado de derecho y a la percepción de justicia.
A nivel internacional, las críticas tampoco han pasado desapercibidas. La reacción global, desde movilizaciones hasta campañas en redes sociales como #ICEOut, refleja que esta situación no se percibe como una cuestión interna sin más, sino como un conflicto que afecta a los principios básicos de los derechos humanos.
Estos centros de detención son, en el fondo, un mensaje del país hacia el mundo. Parecen decir que hay vidas que valen más que otras. Se ha olvidado que, detrás de las cifras de deportación, hay familias trabajadoras que cruzaron la frontera buscando la misma libertad que Estados Unidos dice defender. Al final, el problema no es solo quién es detenido, sino cómo este sistema está transformando la identidad de toda una nación. Se está levantando un muro moral que separa a los ciudadanos de su propia empatía, y esa es una frontera mucho más peligrosa que cualquier muro físico.
Lo que está ocurriendo ya no puede considerarse algo puntual o aislado. Es una deriva preocupante en la que se están sobrepasando límites fundamentales. Cuando las políticas de seguridad empiezan a justificar prácticas que vulneran los derechos básicos humanos, se deja de hablar de protección para entrar en el terreno del abuso. Está claro que no se respeta el marco legal, muchas de estas actuaciones entran en conflicto directo con principios que garantizan la dignidad, la integridad y la igualdad ante la ley.
El problema no se limita a los hechos actuales, sino a lo que puede venir después. La historia ha demostrado que cuando este tipo de dinámicas se toleran, tienden a intensificarse y a polarizarse. Hoy afectan principalmente a un grupo concreto, pero mañana podrían extenderse a otros colectivos. Esa es la verdadera amenaza: la normalización de prácticas que fomentan una segregación social totalmente abusiva.
Si no se establece un freno claro, las consecuencias irán más allá de quienes ya están siendo afectados. Se debilita la confianza en las instituciones y se pone en riesgo la base de la convivencia democrática. Porque cuando se permite que los derechos de algunos sean vulnerados, en realidad se está debilitando la protección de todos. Y si hasta ahora no se ha logrado detener esta tendencia, la cuestión ya no es si continuará, sino hasta dónde puede llegar.
