El trabajo consiste en analizar cómo se perciben y se viven los derechos humanos en siete países de Asia y Eurasia —Taiwán, Japón, Corea del Sur, India, Rusia, Irán y Pakistán— a partir de datos empíricos de la World Values Survey (2017–2022). El objetivo no ha sido únicamente describir diferencias entre países, sino responder a una pregunta de fondo: ¿los derechos humanos funcionan realmente como principios universales o están profundamente condicionados por la cultura, la religión, la política y el nivel de desarrollo?
Para ello, hemos estudiado cinco dimensiones clave. En primer lugar, la percepción general del respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, la sensación de autonomía y control sobre la propia vida. En tercer lugar, la aceptación de la homosexualidad como indicador de pluralismo moral. En cuarto lugar, la justificación del castigo físico a los hijos como reflejo de modelos de autoridad y concepción de la infancia. Y, finalmente, la tolerancia o normalización de la violencia contra la mujer como prueba decisiva del grado real de igualdad de género.
Los resultados muestran que no existe una relación automática entre desarrollo económico y plena interiorización de los derechos humanos. Japón y Corea del Sur, por ejemplo, presentan altos niveles de protección institucional y rechazo a la violencia infantil, pero mantienen brechas de género significativas. Taiwán combina avances legales muy rápidos —como el matrimonio igualitario— con una opinión pública aún parcialmente dividida. India dispone de un marco constitucional sólido, pero convive con profundas desigualdades estructurales que limitan la aplicación efectiva de los derechos. Rusia refleja una percepción interna moderadamente positiva que no siempre coincide con las evaluaciones internacionales. Irán y Pakistán muestran los mayores niveles de restricción, especialmente en materia de diversidad sexual y violencia de género, donde religión e institucionalidad patriarcal tienen un peso determinante.
El estudio también revela varias paradojas relevantes. En algunos regímenes políticamente restrictivos, la población declara sentir un nivel relativamente alto de control sobre su vida, lo que indica que la autonomía subjetiva no equivale necesariamente a libertad política plena. Asimismo, en varios países la legislación avanza más rápido que la cultura, generando brechas entre norma formal y práctica social. Y, de manera constante, la religión institucionalizada aparece como un factor que reduce la aceptación de la diversidad sexual y dificulta la igualdad de género.
Los datos confirman que los derechos humanos poseen una vocación universal desde el punto de vista jurídico y normativo, pero su interiorización social es desigual y depende de factores estructurales. Democracia y desarrollo tienden a favorecer mayor protección de la infancia y mayor tolerancia, pero no eliminan automáticamente las estructuras patriarcales ni las resistencias culturales. Allí donde instituciones, cultura y estructura económica no avanzan de forma coordinada, emergen contradicciones claras.
La conclusión central es que el debate no puede plantearse como una elección simple entre universalismo o relativismo cultural. Los derechos humanos necesitan mínimos irrenunciables vinculados a la dignidad, pero también requieren procesos de transformación social internos para consolidarse plenamente. Este proyecto demuestra que la protección efectiva de los derechos no depende solo de proclamaciones legales, sino de su incorporación real en las mentalidades, en las prácticas cotidianas y en las estructuras de poder de cada sociedad.
Fuente: ESADE, ¿Qué han sido los derechos humanos en su 75º aniversario? (2023). Disponible en:
https://dobetter.esade.edu/es/sido-derechos-humanos-75-aniversario
